La enfermería argentina: pilar esencial, recurso escaso y profesión invisibilizada
La enfermería constituye el recurso humano más relevante del sistema sanitario argentino. De acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación, representa más del 60% de la fuerza laboral en salud y cubre cerca del 80% de las necesidades asistenciales cotidianas. Sin embargo, esta centralidad contrasta con una alarmante precariedad en sus condiciones laborales, formativas y sociales.
Argentina presenta una de las tasas más bajas de personal de enfermería en América Latina, con apenas 4,24 enfermeros cada 10.000 habitantes, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2022). Esta cifra se encuentra muy por debajo del estándar mínimo recomendado por la OMS, que establece que se requieren al menos 23 profesionales (médicos y enfermeros) por cada 10.000 habitantes para garantizar una atención esencial y segura.
El déficit estructural del recurso humano se agrava por la desigual distribución y por la escasa profesionalización del colectivo: de los más de 259.000 enfermeros matriculados hasta 2022 (INET, 2023), el 43% posee título de auxiliar, el 45% técnico, y apenas un 13% cuenta con licenciatura universitaria. A esto se suma una preocupante tasa de deserción: la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) estima que solo el 30% de los ingresantes culmina la carrera, lo que reduce considerablemente el impacto formativo.
El panorama se complejiza aún más con la creciente pérdida del poder adquisitivo. Desde diciembre de 2023, el salario del personal de enfermería ha caído más de 20 puntos respecto a la inflación acumulada, ubicándose en promedio por debajo de la línea de pobreza según los informes del INDEC (2024). En paralelo, se han desmantelado programas sanitarios territoriales clave, restringido medicamentos a jubilados, y evidenciado un deterioro de la infraestructura en hospitales y centros de atención primaria.
El rol de la enfermería no solo es asistencial. Es fundamental en promoción de la salud, prevención de enfermedades, vigilancia comunitaria, atención domiciliaria, rehabilitación y gestión clínica. Sin embargo, su formación universitaria continúa orientada casi exclusivamente a roles administrativos o de gestión, con muy escasa inserción en la atención primaria. Esta desconexión entre las currículas formativas y las necesidades sociales ha provocado que muchos egresados se incorporen al sector privado, alejándose de los barrios y territorios más vulnerables donde más se los necesita.
Enfermería es, además, una profesión feminizada y sobreexigida: jornadas rotativas, 24/7 durante los 365 días del año, con exposición constante a riesgos físicos, biológicos, químicos, psicosociales y ergonómicos. Esta realidad se ve agravada por la falta de reconocimiento profesional, la violencia institucional y de género, la representación sindical no específica, los contratos precarios y la inexistencia de un organismo nacional que regule y fiscalice el ejercicio profesional. Esta suma de factores ha derivado en una crisis identitaria y vocacional sin precedentes.
Los empleadores —Estado y sector privado— tienden a infravalorar el trabajo de enfermería, multiplicando puestos sin asegurar condiciones adecuadas ni el número suficiente de profesionales para sostener servicios de calidad. La sobrecarga laboral se ha convertido en una norma que atenta contra la salud del propio personal y compromete la seguridad del paciente.
Frente a este escenario, es urgente establecer un plan nacional estratégico para jerarquizar la enfermería, actualizar sus planes de estudio, reconocer nuevas competencias profesionales —como el rol avanzado en enfermería— y garantizar condiciones laborales dignas, acorde al valor social que representa. Esto incluye no solo una mejora salarial, sino también el fortalecimiento del perfil comunitario, la participación política del colectivo y una nueva narrativa que coloque a la enfermería en el centro del sistema sanitario y del derecho a la salud.
Como sostienen diversas voces del sector, no hay salud pública de calidad sin enfermería fortalecida. En un país que atraviesa profundas desigualdades, la enfermería puede y debe ser una fuerza transformadora, articulando políticas de equidad, inclusión, justicia sanitaria y participación comunitaria.
